En lo tocante a la violencia, en las sociedades civilizadas operan dos realidades convergentes: de un lado, el monopolio estatal de los medios de acción violenta y del uso de la violencia; del otro, un pacto de no violencia, que obliga a toda la sociedad. Ambos elementos se consideran como condiciones necesarias para el mantenimiento de una convivencia en paz.

¿Debe ser aceptada siempre esta situación? ¿En qué medida es lícito romperla mediante el uso de la violencia política al margen del Estado o contra él?

Es una de las cuestiones más espinosas de cuantas se han afrontado en el seno de la izquierda a lo largo de su historia. Se trata de uno de los problemas más difíciles de abordar, y se puede adelantar que, sea cual sea la respuesta, siempre conllevará algunos efectos perniciosos. En éste, como en tantos otros terrenos, no se puede aspirar al mejor de los bienes, sino, en todo caso, al menor de los males.

La existencia de unos cuerpos armados que concentran en sus manos los recursos armados ha tenido, tiene, puede tener repercusiones lamentables: ese poder armado puede emplearse en contra de la población.

Pero, a la vez, constatamos que el libre acceso a las armas en la sociedad también presenta serios inconvenientes. En Suiza, donde algunos sectores sociales pueden almacenar armas, uno de los secretos mejor guardados es el alto volumen de crímenes cometidos por los reservistas que disponen de armas. En los Estados Unidos, con una población cercana a los 300 millones de habitantes, hay casi 200 millones de armas de fuego en manos privadas, entre ellas 65 millones de revólveres y pistolas. Se estima que en este país son heridas por armas de fuego unas 130.000 personas, de las que fallecen unas 30.000. Si el monopolio de armas por el Estado tiene sus desventajas, el descontrol tampoco se puede decir que resulte satisfactorio.

¿Es rechazable siempre la violencia no estatal o antiestatal? Éste es el punto de vista de quienes se sitúan en el campo de la acción no violenta. Su concepción tiene la gran ventaja de que evita los males que acompañan siempre al uso de la violencia y de los que ahora mismo hablaremos. El problema que suscita se resume en la palabra eficacia.

Las acciones de resistencia no violenta o de desobediencia civil, cuando están guiadas por la razón y la justicia, son sin duda eficaces para agitar las conciencias y para promover estados de opinión. Pero, ¿qué fuerza tienen para acabar con un régimen dictatorial? Ese es el interrogante al que quienes más se identifican con la perspectiva no violenta tienen mayores dificultades para responder.

La otra perspectiva es la de la acción política violenta no estatal.

Es injustificable el empleo de medios violentos para obtener ventajas políticas, más aún si se trata de su expresión extrema: el asesinato. Pero, a la inversa, es lícita una acción violenta destinada a acabar con una tiranía o con una situación de opresión extrema, siempre que (a) sea proporcionada al mal que se trata de suprimir, (b) no emplee medios especialmente crueles, como la tortura, y (c) no cause víctimas en la población civil.

Ahora bien, más allá de su licitud, hay que considerar los males que comporta toda acción popular violenta.

Entre ellos se pueden mencionar los siguientes:

1) se alimenta una cultura basada en el empleo de la fuerza, lo que no puede dejar de tener repercusiones negativas en la población;

2) quienes hacen uso de la violencia son moldeados en cierta forma por ella, siendo frecuente su endurecimiento, cuando no el embrutecimiento (la militarización de la lucha militariza a quienes luchan), así como una tendencia a justificar más de lo debido lo que hacen (la moral imperante se adapta al uso de la violencia);

3) una organización armada con capacidad para resistir necesita preservarse mediante un sistema de organización clandestino, secreto, compartimentado y jerarquizado que reduce en alto grado las prácticas democráticas;

4) la existencia de cualquier conflicto armado hace inevitable que, por razones de eficacia, tiendan a desbordarse los límites morales establecidos, en el caso de que éstos sean claros, y a imitar los procedimientos empleados por el enemigo cuando dan buen resultado;

5) los medios violentos no sólo presionan sobre el adversario sino que también lo hacen sobre la sociedad, que se ve coaccionada en una dirección determinada; de hecho, en las situaciones de resistencia armada, la minoría que controla los dispositivos armados ejerce a su vez formas de control sobre la sociedad, a la que trata de convertir en un objeto al servicio de sus fines;

6) hay que tener en cuenta, en fin, y esto ha sido señalado acertadamente por los partidarios de la no violencia, que, en bastantes ocasiones, las resistencias armadas han dado origen a nuevas situaciones de opresión.

En suma, la acción desarmada encuentra dificultades para probar una eficacia equivalente a la de la armada; pero esta última, por su parte, carga con unos lastres de los que aquélla está libre.

Más allá de la cuestión de la licitud o ilicitud de la violencia política no estatal, el problema está abierto.