El reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos y el ejercicio de la libertad individual es una de las grandes aportaciones de la época moderna. Ha contribuido decisivamente a mejorar la vida social.

La democratización de la política no ha sido el resultado de una transformación repentina, sino un proceso dilatado en el tiempo en el que la presión popular y la acción de las fuerzas de la izquierda tuvieron gran importancia.

Pero a la vez, gobernar apoyándose en el sufragio universal ha resultado muy ventajoso para los poderes establecidos en la modernidad occidental. Gracias a él han podido influir algo en las decisiones políticas los distintos sectores de la población, pero, a la vez, los más poderosos han conseguido legitimarse y generar sentimientos de identificación entre gobiernos y electorados, y responsabilizar al electorado de unas decisiones que se escapan a su control. El Estado moderno, que da un trato de ventaja a los económicamente más fuertes, ha conseguido así crear una imagen de poder popular a pesar de que este último tenga bastante de ficticio.

La izquierda ha tendido a adaptarse a la situación, haciendo suya buena parte de la ideología política moderna, en particular la idea de que la ciudadanía pide, presiona y vota para que el Estado resuelva, sin que ello lleve aparejada una movilización social para actuar sobre los problemas de la sociedad. La solución de los problemas sociales compete al Estado. Es ésta una idea que tiende a limitar la dinámica asociativa popular, viendo a las organizaciones sociales como auxiliares del poder político.

Por otra parte, el mundo de la política oficial es un terreno que propende a mantenerse al margen de los valores morales: la eficacia política trata de alcanzarse siguiendo unos criterios estrictamente políticos.

La política moderna ha puesto en relación dos realidades diferenciadas: por un lado, el Estado, encarnado en una burocracia especializada en la gestión de los asuntos públicos; por el otro, una sociedad considerada como la simple suma de individuos que delega la gestión de los asuntos públicos en una minoría y que, en el tiempo que transcurre entre dos convocatorias electorales, permanece más bien inactiva. Esa relación, sin embargo, es ambivalente: el Estado sustituye y, a la vez, representa a una ciudadanía que, aunque marginada de las decisiones fundamentales, conserva cierta capacidad de influencia en los asuntos públicos y, en consecuencia, se siente motivada en cierta medida a expresarse a través de los cauces electorales.

Mantenemos un distanciamiento crítico hacia la política oficial institucional, un campo en el que predominan las tendencias integradoras. Aún así, sobre todo en sus niveles más bajos, como el municipal, el trabajo en las instituciones puede ofrecer posibilidades interesantes para conectar con sectores de la sociedad y favorecer el desarrollo de los movimientos sociales.

Mayor atención prestamos a la actividad realizada desde fuera de las instituciones oficiales, promoviendo la movilización popular desde abajo, desde la base de la sociedad, en torno a cuestiones que tienen relación con la política e interesan a los ciudadanos, elaborando puntos de vista propios sobre ellas y tratando de presionar a los políticos y a las instituciones con el fin de conseguir cambios en las leyes y en las orientaciones políticas. Algunas de las movilizaciones más importantes en las que hemos participado (lucha a favor del derecho al aborto o en contra de la pertenencia a la OTAN o contra el servicio militar obligatorio) han sido movilizaciones políticas impulsadas desde fuera de las instituciones.